por Estrategia Libertaria.1. Crisis coyuntural o crisis orgánica.
Durante todos estos años se nos dijo de manera soberbia que el mercado ajustaría cualquier tipo de desequilibrio que pudiese surgir en los circuitos comerciales y crediticios, debiendo abstenerse el gobierno de intervenir en su regulación, ya que en una “economía abierta” (como dicen los ideólogos del monetarismo), sin restricciones a las importaciones y a los flujos de capitales, los precios internos estarán determinados por los precios internacionales. A nuestro entender, el agotamiento del actual patrón de acumulación capitalista, encuentra sus raíces en su naturaleza concentradora y dependiente de la burguesía mundial, la cual se acelera por estas incidencias de factores coyunturales o externos. De ahí que el alza sostenida del crudo, el cual se cotizó hace muy poco en los 150 dólares el barril, y un tipo de cambio desfavorable a las exportaciones, el cual se anotó en el primer semestre en los 430 pesos, están haciendo de la economía interna de Chile una verdadera catástrofe.
Para salvar momentáneamente este escenario y bajo la presión de los gremios empresariales por el aumento del petróleo y otras commodities, es que el Banco Central anunció en Abril su plan de compra masiva de dólares (USS 8 mil millones). Con esto se ha buscado fortalecer la posición de liquidez internacional de la economía chilena, aumentando el nivel de reservas internacionales para enfrentar de mejor forma la eventualidad de un deterioro progresivo en el tipo de cambio y favorecer las exportaciones. ¿Pero qué pasó? Efectivamente los gremios exportadores se vieron momentáneamente desahogados con la medida pero a contramano, los precios se dispararon y la inflación no se detuvo, llegando a un 9,5% en lo que va del año. Entonces, se echó mano al aumento de la tasa de interés, lo cual debería haber bajado coyunturalmente la inflación ya que disminuye la demanda. Pero esto también trae problemas puesto que el sector privado “disminuye” sus ganancias. Los costos de esto, obviamente, los hemos pagado los trabajadores, ya que cada uno de los ajustes que se realizan para paliar el aumento de los costos productivos de un bien o servicio es traspasado a nosotros. Asistimos entonces a un espiral sin salida, caracterizada por el debilitamiento de la política anti inflacionaria.
Esto se ha visto agravado por el conflicto respecto del gasto social, donde aumentan cada vez más las presiones de la Confederación de Producción y el Comercio (CPC) sobre el gobierno, golpeándolo en uno de los pocos frentes en los que ha intentado tener un mayor desarrollo mediático, y por cierto, una de las herramientas más eficaces de control para prevenir el estallido de la olla a presión en la que está atrapado el proletariado chileno (1).
Este callejón sin salida nos debe hacer pensar respecto de que la intervención Estatal en una economía como ésta, está agotada y delimitada. Todas las medidas paliativas contra la agudización de la crisis son mediocres, muy limitadas y sólo pueden retrasarla, pero en ningún momento pueden impedirla. Tanto la inflación como el bajo crecimiento, son síntomas regresivos de un modelo debilitado, que anuncia en su esencia el agotamiento orgánico y el decaimiento del modo de producción capitalista.
En este sentido, toda crisis estructural se traduce de manera no mecánica, pero si correlativa en una crisis política, de hegemonía, que afecta las bases de legitimidad, los acuerdos o consensos mínimos en los cuales se sustenta la dominación ejercida por los grupos que integran el bloque en el poder sobre el proletariado, sobre todo cuando no encuentran recetas comunes ni consensuadas para salir del embrollo, exponiendo las contradicciones de una economía dependiente (2).
2. La docilidad del bloque en el poder ante la prepotencia patronal.
Con la caída del tipo de cambio, las ventajas que ofrece el modelo exportador para la burguesía nacional, se vieron seriamente afectadas y no dudaron en poner el grito en el cielo. Mientras las pequeñas y reducidas empresas de sustitución de importaciones, sumaban grandes pérdidas en la comercialización de sus productos debido a la competencia de los bienes que ingresan masivamente al país por el dólar barato y la baja tasa arancelaria, las grandes empresas exportadoras sufrían sólo un deterioro en sus altas tasas de ganancias.
Pero la reacción del ejecutivo fue pareja ante el llamado de atención de los patrones y no dudó en ceder frente a las presiones de la Sociedad Nacional de Agricultura, que en Febrero realizaba un mediático paro patronal con el fin de presionar para que se interviniera el precio del dólar (a pesar de que eso seguiría disparando la inflación) y se frenaran los conflictos laborales que azotaban al sector del agro.
Si a esto le sumamos el paro patronal de la reaccionaria Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la cual puso en jaque al oficialismo con el fin de que se retirara el impuesto específico al combustible, es posible sostener que a medida que la crisis comience a profundizarse y a golpear con más fuerza en el transcurso del tiempo, y tanto los paliativos económicos como los paliativos del imaginario social democrático-burgués comiencen ha agotarse, el bloque en el poder se verá demandado fuertemente por los gremios patronales aumentando su intransigencia ante las demandas de los distintos sectores del proletariado, y, en consecuencia, achacando el peso de la crisis nuevamente sobre todos nosotros.
En efecto, todas las medidas públicas abordadas en el último tiempo han respondido a las presiones de los de arriba en función de salvaguardar sus ganancias. Toda la política subsidiaria, lejos de ayudar a “los sectores más pobres” como vociferan por los medios, va destinada a seguir manteniendo su tesoro a salvo. Tanto el fondo para la estabilización del combustible, como el subsidio a las PYMES para la contratación de mano de obra, no se han traducido ni en mayor empleo (la cifra de desempleados aumentó a un 8,4% en el trimestre Abril – Junio), ni en menos inflación, ni mucho menos en una reducción en el costo de las necesidades básicas (luz, agua, vivienda, etc). Al contrario ha significado el empobrecimiento masivo y descontrolado de la gran mayoría de la población.
3. Los dos encantos de la burguesía.
Todo el fruto de nuestro trabajo, toda la riqueza producida durante largo tiempo ha significado un cuantioso botín para la clase dominante, que se pelea entre sí para acaparar las mejores tajadas y administrar las riquezas acumuladas. De este modo, ponerse de acuerdo no les ha sido fácil.
Lo cierto es que el actual conglomerado está fracturado. Quienes se constituyen en el bloque en el poder o le hacen el juego a éste, presionados por arriba por los gremios patronales y por abajo por un fragmentado y disperso proletariado, dejan ver sus diferencias sobre cómo tratar el escenario actual. Los partidos de la burguesía continúan viviendo con fuerzas interiores en pugna. Por un lado y de forma minoritaria, promoviendo iniciativas democráticas como romper el binominal para reformular el Estado de derecho, buscando el espacio de participación parlamentaria para las fuerzas políticas de la izquierda reformista. Y por otro, los que apuestan por profundizar sinceramente y sin pelos en la lengua, los ataques hacia la clase trabajadora por medio de una serie de reformas comandadas por los sectores más duros del gobierno (agendadas principalmente por Andrés Velasco).
Pero no hay que perder de vista que aún con diferencias, la burguesía mantiene su unidad en lo que respecta al mantenimiento del orden burgués y la “paz social”. Para ello es preciso poner atención en dos posiciones, que para el proletariado le seguirán siendo opuestas y extrañas a sus intereses.
La primera seguirá siendo la tendencia clásica que no busca una lógica de cooperación con las expresiones del reformismo, sino que se muestra implacable al aplicar la fuerza de ley expresada en el monopolio absoluto de la violencia del Estado, valiéndose de todos los medios para legitimar sus acciones criminales; disposición que dentro del gobierno es la predominante. Es cosa de ver las estrategias de represión y cooptación, desplegadas por el bloque en el poder en la agenda chica antidelincuencia, implementada principalmente por Felipe Harboe, que en la práctica se ha traducido en la sistemática represión infringida sobre las comunidades Mapuche en lucha, la persecución y prisión política de las y los luchadores sociales, y la creciente criminalización a la protesta social y a la acción directa (3).
La segunda, y por cierto la más peligrosa, es la continua maniobra de la clase dominante para poner en marcha un nuevo pacto social, que pueda conducir las tempranas luchas del proletariado hacia la institucionalización, la legalidad y en definitiva a la derrota, con el fin de contener la posibilidad que reside en el proletariado de profundizar sus luchas y velar por sus más elementales intereses de clase. Para esto, ya se ha convocado a la reedición de los frentes de colaboración de clase, con el objetivo de dar un camino sustentable a la plataforma económica de la burguesía nacional y transnacional. De esta forma, se comprende el rol que cumple el actual Parlamento Social y Político, quien agrupando a los partidos de la Concertación, junto con la pequeña burguesía criolla, la CUT, el PC y la asociación chilena de municipalidades, ha diseñado un plan de lucha que pretende forjar una línea democratizadora, frente al actual escenario de ascenso de lucha social, con el fin de fomentar el buen uso de los recursos de inversión, en función de un gasto social justo, en detrimento aparente de la “cultura de la disciplina fiscal”.
A esto hay que agregar, que en vísperas de un nuevo circo electoral, toda la esfera política burguesa se encuentra en una lucha encarnizada por obtener la mayoría de los cargos de alcaldes y concejales en los próximos comicios municipales, y además ha comenzado a persuadir a los sectores más golpeados por la economía, como también a sus organizaciones sociales, con el objetivo de que renuncien a toda aspiración de clase. El pacto por omisión entre el PC y la Concertación es la más clara muestra de esto. Es posible identificar como el PC, no ha desarrollado una línea de acción tendiente a profundizar procesos significativos de lucha para la clase trabajadora como es el caso de la huelga de Aguas Claras o el conflicto del Agro en el valle de Copiapó, que son sólo algunos ejemplos del entreguismo descarado del PC para conseguir el mencionado pacto (4).
Lo crucial debe ser que, mientras los de arriba se preocupan de poner la trampa, el proletariado y sus organizaciones sepan entender que, por siempre, solo su lucha decidirá el camino. Que ningún cambio en la correlación de fuerzas al interior del parlamento, ni ha dado, ni dará nunca la posibilidad a los trabajadores de llevar adelante su emancipación. Las dos almas del bloque en el poder son en verdad la expresión organizada de la burguesía y el reformismo obrero en sus propósitos de contener el lento y paulatino ascenso de lucha proletaria. Sus programas y sus estrategias están enfocadas a este propósito natural de la burguesía: asegurar su dominio.
4. La lucha del proletariado, una respuesta necesaria.
La agudización de la crisis y el continuo conflicto al interior del bloque dominante, no repercute mecánicamente, como podríamos pensar, en un fortalecimiento del movimiento popular. Sin embargo entrega grandes posibilidades para el desarrollo de una línea combativa de acción de masas. Esto se puede verificar a través de diversas situaciones experimentadas en las últimas luchas, planteando grandes desafíos al conjunto del proletariado.
a) Movimiento estudiantil:
Lo sucedido con Yasna Provoste el 16 de abril, marcó un hito al ser la primera vez desde la vuelta a la “democracia” que se destituye a una ministra por acusación constitucional. Esto no es casualidad, la Derecha aprovechó la desaparición de fondos como una buena oportunidad, fortaleciendo el discurso que intenta hacer pasar estos hechos como un simple “escándalo de corrupción”, mientras que realmente se trata de una situación habitual en el sistema subvencionado de establecimientos educacionales. Todo esto ha sido posible gracias al desmoronamiento paulatino del poder parlamentario de la Concertación, que otorga en la actualidad una mayoría a la oposición de derecha. Pero este episodio tuvo un efecto menos perceptible: la desviación de la atención con respecto a la rápida tramitación de la Ley General de Educación, lo que garantiza la continuación y aseguramiento de un modelo educacional de mercado.
Evidentemente, la aprobación de la LGE se ha producido en el contexto de un reflujo parcial que actualmente enfrenta el movimiento estudiantil, mostrándose como un pequeño síntoma de una crisis más compleja (5).
Pero a pesar de esto, durante las últimas movilizaciones (cuantitativamente menores que el 2006) hubo avances significativos en cuanto a perspectivas de lucha, así como un salto importante en el desarrollo del movimiento, ya que las simples demandas reivindicativas de hace unos años, ya se perfilan contra la mercantilización, exponiendo las limitaciones estructurales de un modelo absolutamente incapacitado para dar respuestas, no sólo a los estudiantes, sino a quienes sufren la explotación y la dominación en general. Esto evidencia la necesidad de generar posiciones más complejas y de mayor alcance, perspectivas estratégicas y orgánicas más transversales, que aún no han sido profundizadas por todos los sectores del estudiantado, siendo el lugar de mayor avance Santiago, con la experiencia de los cordones territoriales y los esfuerzos por coordinarse con demás sectores sociales.
El movimiento estudiantil es uno de los sectores sociales con mayor desarrollo y experiencia acumulada en estos últimos diez o veinte años, por lo cual tiene mucho que decir. Es más, hoy son los estudiantes los que han empezado a anunciar el fracaso de la política de pacto social, expresando categóricamente que la LGE es reflejo de intereses ajenos a las mayorías. Esto último nos obliga a complejizar nuestras tácticas y estrategias, en donde ACEUS (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios), a pesar de su actual decaimiento, es un ejemplo del camino a seguir, y de los errores que no hay que repetir, como es la sobre exposición mediática en los medios burgueses, que tienden a ser los que marca la pauta una vez que llega el reflujo parcial.
Está claro que hacemos una evaluación positiva de la ACEUS, que ha sabido orientar la movilización y ahora trata de mantener su relación con las bases sociales y promover los llamados “cordones territoriales” –elementos claves para desarrollar la unidad amplia y democrática de los sectores en lucha-. Pero mientras estas instancias de base no maduren o no salgan de su actual estado de reflujo parcial, se genera un juego de dos bandas, donde a ratos la ACEUS (o instancias parecidas) podrían aparecer como una cáscara vacía y tender a ser una entidad burocratizada, lejos de la base estudiantil.
La versión más radical de este dilema, es el oportunismo de la CNEP (Coordinadora Nacional de Estudiantes Populares). Si bien ésta no deja de ser una apuesta legítima, no ha logrado el arraigo en la base social y ha estado constantemente tratando de ponerse como referente artificial sin un desarrollo más consistente, sino sólo “subiéndose” a la coyuntura, siguiendo la línea de organizaciones como el FPMR, la Unión Patriótica Estudiantil, y otras organizaciones de corte populista, continuando con las formas tradicionales del parasitismo partidario que se privilegian a sí mismas antes que a la clase en su conjunto (6). En nuestra opinión, estas formas de construcción deben ser superadas por la misma base social, por un desarrollo que pasará exclusivamente por la des-gremialización de la problemática estudiantil.
Bajo tales perspectivas, es preciso que la ACEUS o toda instancia similar, siga potenciando el desarrollo de la base social, siendo un espacio capaz de aunar a los sectores más avanzados como los que recién emergen, logrando potenciarlos y levantar el movimiento de forma homogénea. Debe ser el espacio que facilite la coordinación con otros sectores de clase, potencie su retroalimentación y ampliación de perspectivas, logrando apuntar a desarrollar un frente social poderoso, capaz de imponer las demandas bajo un horizonte más amplio y complejo que la mera “crisis de la educación”. Pero también, esta experiencia debe ser emulada en las demás regiones del país, con las cuales hoy existe un desfase, no sólo en la movilización, sino en los contenidos. Hoy lo que se desarrolla en Santiago, si desea ser realmente significativo, debe extenderse a nivel nacional. Hoy se están construyendo modelos de organización, por lo que aún falta sobrepasar la prueba de fuego real, desarrollar la unidad desde la lucha.
Por esto hay que estar atentos, y no pensar que por la ausencia de manifestaciones el movimiento haya acabado. La misma intransigencia de la clase dominante empujará a nuevas movilizaciones. Por lo que hoy se vuelve categórico que todos los compañeros que han participado del movimiento sostengan lo avanzado, las redes hechas y los espacios de base, aumentando cada vez más la inserción. Es necesario desarrollar los contenidos políticos y las propuestas frente a lo incólume del bloque en el poder, que se muestra impotente ante lo que exigimos. Las contradicciones que se manifiestan en el sistema educativo, contienen la posibilidad de cuestionar las mismísimas formas de explotación capitalista al evidenciar el tipo de sujeto que se está educando, es decir, su rol dentro del modo de producción para el mantenimiento de la sociedad de clases y de cómo el capitalismo necesita subordinar todo lo existente sin miramientos, dejando tras de sí sólo miseria. Por tanto, no hay que confundirse con la falsa oposición entre una educación pública y una privada, ya que esto sólo coloca el énfasis en los aspectos administrativos y formales. La lucha estudiantil es parte de una lucha mayor.
El movimiento estudiantil es muestra del fracaso de las políticas de pacto social al dejar claro que la burguesía ya no tiene nada que ofrecernos y el reformismo, tratando de tomar su tajada, deja claro que su oportunismo no tiene nada que aportar. Por lo tanto los explotados debemos empezar a madurar nuestras propias salidas y organizaciones, lejos de la burguesía. Este movimiento es un pequeño ejemplo a seguir para los demás sectores en lucha.
b) Movimiento de trabajadores y lucha sindical:
La situación de los trabajadores deja entrever cuán necesario es fortalecer una alternativa clasista, autónoma, combativa y desde la misma base obrera. A comienzos de abril se realizó el 8º Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuyo lema fue "Por un Estado Social, Democrático y Solidario". En éste, la cúpula encabezada por Arturo Martínez nuevamente apostó a fortalecer la subordinación de la Central a los partidos de gobierno y a la izquierda tradicional. En sus palabras, convocó “a todos los sectores políticos, a todo aquel que se sienta todavía con una capacidad democrática a integrar ese gran movimiento social y político que hará posible evitar que la derecha no llegue a gobernar (…) Este llamado ferviente que hace la CUT se lo hace a todos aquellos que hoy día estuvieron junto a nosotros, junto a los trabajadores recuperando la democracia, recuperando la libertad” (7).
En ese mismo sentido, la actuación de sectores que sin duda son más avanzados como la CTC, no logran evidenciar el carácter conciliador y sumiso de la central unitaria. Cristián Cuevas señaló luego del congreso: “Hemos salido unidos de este congreso, esto sin desconocer que emergen nuevos líderes de la nueva realidad del país que apuntan a terminar con el neoliberalismo” (8).
De ésta forma, se evidencian las limitaciones de una política de movilización, acción directa y protesta social, sin que al mismo tiempo se plantee alternativas políticas y sindicales para la construcción independiente de un nuevo movimiento de trabajadores. La misma faceta tiene para nosotros la finalización de la huelga de los trabajadores de las salmoneras de Aguas Claras, como decíamos, en el que una acentuada confianza en “altos asesores” los llevó a dilatar excesivamente el conflicto, consiguiendo esquivos resultados. Queda por ver los próximos coletazos de la llamada “crisis de la industria salmonera” que ya ha generado un verdadero desastre ambiental (virus ISA, contaminación de las aguas) y laboral (cierres de plantas y despidos en varias empresas) en la X región.
Los anuncios de la Reforma Previsional también muestran una situación política compleja para el mundo de los trabajadores, pues vemos cómo se legitima el actual sistema previsional de las AFP’s, a través del mejoramiento de la situación a sectores que hasta el momento se habían visto excluidos de una pensión mínima. Cabe mencionar que esta reforma fue verdaderamente impulsada por la CPC, quien el año 2005 propuso ampliar el límite de inversión de las AFP´s en el exterior y crear un fondo destinado a la acumulación de los excedentes que recibe el fisco por venta de cobre. Más aún, este fondo -decían ellos-, debía ser invertido en el exterior para así presionar el tipo de cambio y ser de esta forma una medida anti inflacionaria. Lo cierto de todo esto, es que la nueva ley 20.255 amplía el límite de inversión de los fondos provisionales en el extranjero, permitiendo que el 80% de los fondos puedan ser invertidos en el exterior. En ese sentido el informe elaborado por la comisión presidida por Mario Marcel, debería ser llamado sinceramente "informe Ovalle".
Más recientemente fue aprobada a espalda de los trabajadores, la nueva ley del sueldo mínimo, ubicándose en los 159 mil pesos (USS 312 aproximadamente). Este aumento, vociferado por todos los sectores de la izquierda tradicional como un gran avance para los trabajadores, fue una verdadera farsa, en momentos donde la carestía es cada vez más alta. Decimos esto, ya que si bien el aumento anunciado correspondía a un 10,4%, en términos del salario real solo significó un 1,5% de reajuste.
Pero esto no era todo. La polémica Ley, incluía un acuerdo –entre la CUT y el gobierno- sobre la igualación del salario base con el sueldo mínimo, la cuál fue aprobada sin resquemores por el parlamento, con la seguridad de que no significaría un aumento en los costos de la mano de obra. Sin embargo una indicación de último momento, hecha por el Ministro del Trabajo, permitió la supuesta extensión de beneficios salariales a los trabajadores a trato, con el reconocimiento del derecho “a la semana corrida” (es decir al pago del día domingo y festivo), lo cual hizo reaccionar a la CPC respecto de las consecuencia que podría traer esta modificación a la “paz social” (9).
Resta ver todavía cuáles serán las verdaderas consecuencias de esta “igualación del salario base con el sueldo mínimo”, ya que a primera vista es posible distinguir tres “golazos” pasados a los trabajadores. El primero es que las modificaciones a los contratos de trabajo para adaptar la nueva Ley, podrán ser hechas unilateralmente por parte del patrón, lo que deja abierto un margen de acción para futuros cambios contractuales. Lo segundo es que esta igualación correrá por cuenta de los mismos trabajadores, trasladando tanto las partes variables como fijas del sueldo, para alcanzar los 159 mil pesos (USS 312 aproximadamente), lo que provocará una pérdida en comisiones, gratificaciones y bonos, sobretodo para los trabajadores a trato y a comisiones. Y por último, las AFP’s gozarán de suculentas ganancias debido al aumento del sueldo base de donde se extraen las cotizaciones. En definitiva, la Ley 20.281 es otra gran mentira a la clase trabajadora.
La inamovilidad frente a las circunstancias presentadas nos hace poner mayor hincapié en el desarrollo de organizaciones autónomas a nivel sectorial y territorial que sepan hacer frente a las ofensivas burguesas. En momentos de inestabilidad, donde los de arriba se enfrentan por salvaguardar sus intereses, las organizaciones de trabajadores deben buscar espacios de organización coordinación y proyección de sus demandas.
Como un punto crucial para esta tarea, asume una gran trascendencia la necesidad de crear y estimular organizaciones clasistas y combativas, en cada empresa, zona geográfica, grupo económico y rama de la producción. Hacer converger a todos los sectores, sin sectarismos, que aspiran a romper con el sindicalismo burocrático, y que lo demuestran con hechos, para compartir diagnósticos y unir esfuerzos para las peleas que se avecinan. Es necesario realizar un trabajo de base cada vez más fuerte, en cada vez más sectores y lugares. No podemos sentarnos a esperar que nazca un movimiento de clase de carácter autónomo, combativo, solidario y libertario si no es por medio de la creación de estas instancias. Muchos activistas sindicales y políticos profesionales de izquierda, están acostumbrados a interpelar y denunciar constantemente a los máximos dirigentes de la CUT (Martínez y cía.) para que estos defiendan los derechos de los trabajadores. Se vocifera constantemente contra la burocracia, pero ¿cuánto trabajo de base hay detrás? Señalamos con esto que mientras no se desarrolle desde abajo la alternativa sindical y política que supere a la CUT, cualquier interpelación a la burocracia para que nos defienda de la ofensiva burguesa es absurda.
Frente a esto, creemos necesario avanzar orgánicamente, superando el apego a las federaciones y sindicatos de empresa (que muchos dirigentes sindicales se obstinan en mantener por cuidar su fuero en perjuicio de la unidad del conjunto de los trabajadores), y avanzar en la constitución de comités de unidad sindical por rama, que permitan unir a todos los trabajadores del mismo sector económico, para perfilar los próximos combates.
Sabemos que la situación no es suficientemente álgida o crítica para visualizar en el corto plazo una arremetida de la clase en pos de la autogestión generalizada y el control obrero, pero es posible que la actual situación económica se agudice y provoque el cierre de empresas productivas y el aumento de la desocupación. Para este escenario hay que preparar respuesta, exigiendo al empresariado y el gobierno el resguardo de los puestos de trabajo, posicionando al mismo tiempo, en cada lugar donde sea posible dentro movimiento obrero, la idea de recuperar las empresas, el control obrero y la propiedad social autogestionaria, y no afrontarlo como simples prácticas cooperativistas.
c) La lucha por la vivienda contra la política subsidiaria:
Las múltiples movilizaciones e intentos de tomas de terrenos desarrolladas por organizaciones de allegados de Huechuraba (2004) y Peñalolén (2006), así como de deudores habitacionales, ejercieron presión para que el gobierno pusiera los ojos en estas exigencias. Ese proceso desembocó en la implementación de la "Nueva Política Habitacional", haciendo pasar por iniciativas del Gobierno la mayoría de las propuestas presentadas por las organizaciones de sin techo.
Esta política trajo consigo un nuevo subsidio que hipotéticamente permitiría que los pobladores que hallasen terrenos y viviendas en sus comunas pudieran continuar viviendo en ellas (10), pero en la práctica esto significó el aumento instantáneo del valor de los terrenos debido a la alta especulación. En la misma línea, se implementó a mediados del 2007 la entrega masiva de subsidios “parches” como el de la vivienda usada y el subsidio de ampliación. En el caso del primero, este ha servido como un mecanismo para mantener a los pobladores fuera de las organizaciones de allegados privilegiando la lógica del “esfuerzo personal”. En el segundo, se ha fomentado un esquema de organización que no pone en cuestión la explosión inmobiliaria de las grandes empresas constructoras, al fomentar la ampliación de las viviendas.
Por otra parte, las continuas críticas a la antigua Ficha CAS (elemento fundamental en la entrega se subsidios), dieron paso a la implementación de la nueva Ficha de Protección Social. Con esta herramienta de medición de la “vulnerabilidad” (forma sutil de llamarle a la pobreza) se pregonó un sistema que cumpliría con la medición de los factores que demuestran la necesidad de una familia para postular a una vivienda social sin deuda. Pero incluso antes de que comenzara su aplicación, el mismo ex director del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), Ricardo Trincado, ya vociferaba sus limitaciones (11).
Como era de esperarse, la FPS es un nuevo filtro de ingreso a la política subsidiaria neoliberal, ya que deja fuera la posibilidad de postular a una vivienda sin deuda, o a otros subsidios (como el que actualmente se entrega por el alza de la luz), a una gran mayoría de la población. La razón, es que la escala de medición (entre 2.500 y 22.000 ptos. aprox.) contempla que el sólo hecho de tener enseñanza media completa hace de una persona “alguien poco vulnerable”, calificándola con un alto puntaje y por tanto dejándola fuera de cualquier subsidio estatal (12).
Pero la ofensiva general hacia las demandas del derecho a la vivienda no sólo se constituyó como amortiguación de la presión por la vía de entrega de subsidios, sino que también en los esfuerzos constantes de los municipios por cooptar las organizaciones y desviarlas del camino de la lucha. Frente a este panorama, las organizaciones reivindicativas que luchan por la vivienda, no han podido develar aún los límites estructurales de la política subsidiaria, ni tampoco detener los planes políticos que intensifican el carácter privado y enriquecedor de la tierra (13). Según nuestro parecer, esto no es sólo resultado de la intransigencia de la clase dominante, también es producto de la división de estas organizaciones de masas, protagonistas de los últimos procesos de lucha, las cuales más allá de las naturales diferencias que siempre se dan en las organizaciones, han demostrado con sus fraccionamientos debilidad frente al gobierno. Hay que considerar que la mayoría de las divisiones entre las organizaciones de deudores y sin techo, han sido producto de los conflictos suscitados por la política caudillista y, sobretodo, por las pretensiones de participación en las próximas elecciones municipales de algunos dirigentes. Esta estrategia de acumulación de fuerzas desde las organizaciones sociales ha sido nefasta para el movimiento de allegados y deudores, producto de las promesas de que desde las urnas se encontrarán salidas a la problemática social y se harán los cambios. Al contrario de esto, las condiciones indispensables para avanzar en la lucha por la vivienda deben estar puestas en la unidad y la confianza en las capacidades políticas de las propias organizaciones en lucha. La acumulación de fuerza debe estar apostada al empoderamiento lento, pero significativo del proletariado en la perspectiva de conquistas sociales y políticas, que estimulen el fortalecimiento de las organizaciones de base, siendo críticos a los pactos sociales con las autoridades gubernamentales. Pero hay que tener presente que, aunque la "Nueva Política Habitacional" demuestre su ineficacia y las organizaciones comiencen a radicalizar su enfrentamiento, su andar seguirá siendo dificultoso, mientras no existan procesos internos que otorguen un horizonte político, que permita la articulación de base con los demás proletarios movilizados. Para enfrentar este problema, creemos que un salto cualitativo en el aislamiento del sector “poblacional”, es su superación en perspectiva de encararlo como un espacio de lucha territorial, es decir, pensar a los territorios como espacios estratégicos de control y administración de las necesidades básicas de la población, y no seguir viendo al “poblador” como un “sujeto” especial y distinto dentro del proletariado.
Para ello es necesario que las organizaciones que tengan trabajo en las poblaciones, reconozcan que en los territorios converge la clase trabajadora, la única que puede impulsar las transformaciones sociales, de esta manera, se convierte en un espacio rico para trabajar las problemáticas que como clase padecemos, desde las juntas vecinales, comités de allegados, clubes deportivos, preuniversitarios populares, bibliotecas, talleres productivos, centros culturales, etc. y de esta manera rearticular el tejido social fragmentado que permita asegurar la existencia de redes de solidaridad y apoyo mutuo ante una eventual agudización de la crisis.
5. Hacia la maduración de una estrategia libertaria.
Desde una buena parte hasta ahora, se ha iniciado un nuevo período de lucha entre las clases sociales en Chile y en el resto del continente. Esta situación ha posibilitado que algunas expresiones políticas parciales del proletariado vayan madurando en términos programáticos distintas iniciativas y diseños políticos en los espacios de lucha social. A pesar de esto, creemos que este largo camino de agrupamiento de pequeñas prácticas subversivas, por organizar y dar coherencia a las dispersas luchas del proletariado, hasta ahora, muchas veces ha carecido de la humildad necesaria que pueda iluminar las prácticas cotidianas de lucha. Pero aun así, más allá de la historia que cargan las distintas organizaciones políticas en Chile, creemos sinceramente y sin caer en el clásico vicio de la “política de jefes”, que es necesario un mayor diálogo entre éstas, que permita compartir visiones y diagnósticos y perfilar ejes comunes que orienten nuestras acciones, teniendo en consideración distintos elementos, que revisamos a continuación.
Por un lado, existe actualmente el llamado de diversas organizaciones políticas a confluir en coordinadoras de aparatos políticos en función de coyunturas y fechas específicas y también se propone desde algunos sectores, levantar un partido revolucionario de los trabajadores.
Al respecto, como anarquistas, planteamos que posicionar la necesidad de construir referente políticos de masas o bloques anticapitalistas son, en el actual contexto, iniciativas limitadas e insuficientes, ya que consideramos que una de las actuales tareas de la izquierda revolucionaria y en específico de todos aquellos que se reivindican desde el comunismo libertario, es situar el eje de la acumulación de fuerzas en las organizaciones de base de los distintos sectores del proletariado, que comienzan a organizarse. Desde aquellos espacios, deben articularse los avances programáticos y la resolución de los problemas políticos que enfrentamos, y que es preciso resolver por el conjunto de la clase trabajadora.
En ese proceso, creemos que las distintas organizaciones y grupos políticos, deben contribuir a un amplio proceso de acumulación de fuerza social, incentivando solidariamente sus posiciones revolucionarias dentro del mundo social, rechazando las posiciones de quienes pretenden que sus aisladas iniciativas de lucha sustituyan la experiencia del conjunto de los oprimidos. De esta manera, interesa impulsar redes de cooperación entre militantes, en función de alimentar el ejercicio de poder por parte de los explotados, con miras hacia una visión estratégica del poder popular. De esta forma, convertimos la unidad en mucho más que un simple eslogan político vacío, propio de la matriz leninista.
En ese sentido, en el presente, la conocida consigna de "unidad desde la lucha" debe seguir orientando nuestro camino, y para ello debe dotarse de mayor contenido, para lo que es preciso reforzar la idea de que los espacios sociales deben ser los ejes de la acumulación de fuerzas. La principal tarea de la militancia anti capitalista pasa entonces, por aportar al crecimiento del conjunto de explotados y oprimidos, y no por exaltar logros particulares de minorías y grupos en el actual contexto de avance de las luchas sociales.
¡Del agotamiento del modelo a la superación del capitalismo!
¡Arriba las y los que luchan!
Notas:
(1) El superávit fiscal anotó 700 mil millones de dólares al primer semestre de este año, lo que aún alcanza para subsidiar cautelosamente los servicios sociales básicos. Esto es producto del alto consumo de cobre de China y otras potencias, ha hecho que el precio del metal rojo aumente en un 300%.
(2) El mejor ejemplo de esto es que el conflicto por el aumento o disminución del gasto fiscal en el presupuesto 2009, y especialmente el gasto en proyectos sociales, traerá fuertes consecuencias no sólo a nivel económico sino que a nivel político. La Concertación, que por primera vez en su desarrollo histórico enfrentará con listas separadas una elección municipal, entra en graves contradicciones al momento de “aguantar” la crisis desde la disminución del gasto fiscal. Al apoyo DC por la implementación inmediata de medidas que reduzcan el gasto fiscal, se contrapone la oposición PPD y la “forzosa” conciliación PS. El bloque en el poder demuestra diferencias vitales y no posee más remedio que superarlas por medio de acuerdos mínimos que sólo permiten la sobrevivencia momentánea.
(3) Ejemplo de esto es el gran despliegue de fuerzas policiales y militares en territorio Mapuche y el anuncio de una política “anti guerrillera”, luego del último incendio provocado en el Fundo de del empresario Eduardo Luchsinger. Ver: http://www.latercera.cl/contenido/25_40994_9.shtml
(4) Obviamente, el PC presentará esto como un triunfo para el pueblo, apelando a la necesidad del entreguismo y la conciliación “como táctica” o como “tribuna de denuncia”.
(5) Hoy, la llamada “crisis de la educación” es un síntoma de lo que hemos denominado agotamiento del modelo que, en el campo estudiantil, evidencia la intransigencia de la burguesía como respuesta a las presiones del movimiento.
(6) Un ejemplo de esto fue la pasada “procesión” que se le hizo a la compañera María Música, en apoyo a su delicada situación. Ver: “La Tercera” del día 28 de Julio.
(7) Arturo Martínez, Discurso final del 8º Congreso Nacional de la CUT: "Por un Estado Social, Democrático y Solidario". El Mercurio, Miércoles 9 de abril.
(8) La Nación, 7 de abril 2008.
(9) En su declaración del 29 de Julio del 2008, la CPC llamaba la atención diciendo: “manifestamos nuestra profunda preocupación por la aprobación de leyes que apuntan en sentido diametralmente opuesto [a sus intereses] y que, además, pueden terminar afectando la paz social”; http://www.economiaynegocios.cl/noticias/pdf/cpc_ley.pdf
(10) Subsidio a la Localización, consistente en la entrega de un máximo de hasta 200 UF para ciudades como Santiago, calculable en base a una fórmula que contempla una infinidad de factores.
(11) En efecto, en varias reuniones de organizaciones de allegados con el SERVIU, el señor Trincado reconocía que la FPS era un instrumento del cual no se tenía certeza de sus resultados.
(12) Un hecho importante ha destacar es que la actual política de entrega de subsidio del Gobierno, está orientada al 40% más pobre de la población, es decir al 40% del sector que esta bajo la línea de la pobreza (8500 puntos) según el parámetro entregado por la FPS.
(13) Como en el caso de la anunciada Ley de Planificación Urbana, que pretende ampliar el radio urbano y extender la segregación construyendo verdaderos “gethos” en la periferia, reservando los pocos terrenos que quedan en la capital para desarrollos de costosos proyectos inmobiliarias.
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